Apuesta para que la EMSV gestione varios de los edificios y garantice su accesibilidad a colectivos vulnerables
Getafe ha demostrado que se pueden construir viviendas de 70m² por solo 385 euros al mes con plaza de garaje y gastos de la comunidad de vecinos
Getafe ha presentado varias alegaciones al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que supuestamente supondrá más de mil viviendas públicas en régimen de alquiler en los barrios de Los Molinos y Buenavista.
Sin embargo, a tenor del proyecto presentado por el Gobierno regional, no se garantiza que este suelo público se transforme en viviendas realmente accesibles, dejando todo el peso de la construcción y gestión en manos privadas. Con esta fórmula, perderíamos una gran oportunidad para limitar el precio de los alquileres y dejaríamos fuera a muchos vecinos y vecinas, con especial atención a los jóvenes.
Para evitarlo, es necesaria la implicación directa de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), que garantice no solo atender a la demanda de familias vulnerables de Getafe, sino también las calidades de la edificación y una apuesta decidida por la eficiencia energética. Getafe ha demostrado que se pueden ofrecer viviendas de 70m² por solo 385 euros al mes con plaza de garaje y los gastos de la comunidad de vecinos.
En este sentido, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, defiende que la Comunidad de Madrid limite el precio de los alquileres y no apueste por un modelo exclusivamente privado. Para ello recuerdan que el Plan Estatal de Vivienda, ya presenta requisitos dirigidos a este extremo, estableciendo un precio de 5,5 euros como máximo por metro cuadrado, garantizando que las familias no tengan que hacer un esfuerzo superior al 30% de sus ingresos.
Hernández, considera que “no se puede desaprovechar esta oportunidad de construir viviendas sociales, con precios públicos que permitan acceder a una vivienda digna a las familias y al mismo tiempo sirva como contrapeso del encarecimiento actual del sector privado”. Para ello se ha solicitado que las listas de interesados no se elaboren
únicamente por orden cronológico, sino que se realice una baremación social que facilite estos alquileres a quien realmente lo necesita.
En este sentido se pide también que todas las viviendas que se construyan sean de precio básico (VPPB), de forma que los niveles de renta que se solicitan para ser adjudicatarios no sean superiores al 5,5 del IPREM, en torno a 2.900 euros mensuales. Además, se ha pedido rebajar el mínimo necesario para acceder a las viviendas, establecido por la Comunidad de Madrid en el 2,5 del IPREM, 1.342 euros mensuales. De esta forma las nuevas viviendas irán dirigidas a atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Además se considera que el arraigo de tres años en el municipio es más que suficiente para optar a una de las viviendas, sin ser necesario los diez años de empadronamiento que exige el gobierno regional.
En la misma línea de estas propuestas, la diputada getanfese, Cristina González, ha presentado varias alegaciones al Plan Vive en su condición de portavoz del área de Vivienda de la Asamblea de Madrid, para que en toda la región se garantice la vivienda realmente pública con alquileres sociales y asequibles, como defienden los y las socialistas.
La alcaldesa de Getafe considera que este Plan Vive deja a la administración en una posición pasiva, sin ejercer su función pública de garantizar que la vivienda sea realmente accesible. Además, sitúa a los Ayuntamientos como meros espectadores de nuevos espacios que se van a crear en sus municipios y que no cumplen con los
criterios sociales que demandan los vecinos y vecinas.