Por el impago y la no tramitación de ayudas para la instalación de ascensores en Getafe. Tras 10 meses y tres requerimientos, la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda ha remitido a la Defensora del Pueblo la misma documentación que ya envió en 2014, modificando únicamente la fecha.
La oficina del Defensor del Pueblo ha remitido recientemente un escrito a la portavoz y secretaria general de los socialistas de Getafe, Sara Hernández, en relación con las más de 1.100 quejas registradas con motivo del impago de las ayudas para la instalación de ascensores. En el escrito, el organismo encabezado por Soledad Becerril critica la actitud “entorpecedora” de la Comunidad de Madrid en un asunto en el que, tanto el Gobierno autonómico como el local, han dejado mucho que desear.
En el escrito fechado el pasado 29 de mayo, el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Fernando Fernández Marugán, informa de la recepción de documentación remitida por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, en relación con las quejas presentadas por los vecinos de Getafe que aún no han cobrado las subvenciones para la instalación de ascensores que les fueron concedidas por el mismo Ejecutivo regional o aún no tienen, ni siquiera, tramitadas sus solicitudes.
Acto seguido, la oficina de la Defensora del Pueblo no sólo llama la atención a la Consejería “sobre el retraso” a la hora de enviar la documentación requerida, ya que han sido necesarios 10 meses y tres solicitudes para que la Comunidad de Madrid responda a la petición. Además se da el caso de que, a pesar de la demora, la documentación remitida “resulta ser idéntica” a la recibida por el Defensor del Pueblo el 10 de junio de 2014 y que era claramente insuficiente, a la que únicamente se ha modificado la fecha.
Ante estas evidencias, la oficina de la Defensora del Pueblo ha calificado de “entorpecedora” la actitud de la Comunidad de Madrid y le ha recordado al Gobierno regional que los informes que le sean requeridos deberán ser remitidos en el plazo máximo de 15 días. Plazo que esperan sea respetado en el envío de la información que se les ha requerido nuevamente, documentación en la que el Gobierno regional tiene que justificar adecuadamente los motivos del retraso en la tramitación de las subvenciones y del cambio de normativa en mitad del proceso que reducía la cuantía de las ya concedidas.
Por último, han anunciado que el entorpecimiento de la labores del Defensor del Pueblo por parte de la Comunidad de Madrid será incluido en el informe anual que el mencionado organismo presenta ante las Cortes Generales.
La secretaria general de los socialistas de Getafe, Sara Hernández, ha criticado la “vergonzosa y lamentable actitud de la Comunidad de Madrid, que se ha hecho merecedora de la crítica de la Defensora del Pueblo y el ridículo ante un organismo nacional”.
De igual manera, Hernández ha apuntado que “la actuación del todavía alcalde y últimamente aún más desaparecido, Juan Soler, no es menos vergonzosa y lamentable que la del Gobierno regional puesto que, según ha recordado, en los últimos cuatro años no ha hecho absolutamente nada, ni como alcalde ni como diputado regional, en defensa de los vecinos de Getafe afectados por los impagos”. En este sentido ha finalizado asegurando que “los hechos han demostrado que sólo un cambio de gobierno a nivel regional y local va a desbloquear esta situación en beneficio de los vecinos y vecinas de la ciudad”.
